En su última reunión sobre Competitividad (Mercado Interior, Industria, Investigación y Espacio), el Consejo de la Unión Europea ha decidido, por mayoría de 25/27 Estados miembros, lanzar el procedimiento de cooperación reforzada para el establecimiento de un sistema de patente (única) comunitaria, con validez en el territorio de todos los Estados miembros participantes (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/119713.pdf).
Los dos únicos Estados miembros autoexcluidos del procedimiento son España e Italia. Como deja claro el propio Consejo, la principal razón para la oposición de estos dos Estados miembros al lanzamiento del sistema de patente comunitaria es estrictamente formal. El mecanismo de cooperación reforzada prevé que las tres lenguas de trabajo en el sistema de patente comunitaria sean el inglés, francés y alemán. Por tanto, España e Italia, que quieren que sus lenguas también sean oficiales en este mecanismo, se oponen a la cooperación reforzada y quedan, al menos inicialmente, fuera del proyecto.
La amplitud lingüística del nuevo sistema de patente comuinitaria se basa en las lenguas de trabajo de la Oficina Europea de Patentes, pero supone un cambio que España e Italia consideran relevante. Mientras que en la actualidad todas las solicitudes de patente deben traducirse a todas las lenguas de cada uno de los Estados en los que se pretenda la protección (con independencia de que una patente europea se tramite sólo en inglés, francés o alemán); en el sistema de patente comunitaria se eliminaría el requisito de traducción y se prevé una protección plena de la patente descrita sólo en inglés, francés o alemán.
Con carácter general, debe considerarse un claro avance en aras de un abaratamiento del sistema de patentes en la UE y una decidida apuesta por la promoción de la competitividad internacional de la I+D+i desarrollada en la UE. Por tanto, la oposición de España e Italia al sistema, sobre la base de una pretendida protección de sus lenguas oficiales, no puede considerarse una postura razonable; y menos aún en un entorno de crisis, en que la promoción de la I+D+i es una de las pocas herramientas que se consideran realmente efectivas para tratar de transformar nuestras economías.
Adicionalmente, puede ser una estrategia muy equivocada en términos políticos dado que, a medio (o incluso corto) plazo, España e Italia no tendrán más remedio que adherirse al sistema de patente comunitaria que se apruebe si no quieren ver cómo sus estructuras de I+D+i circulan hacia otros Estados miembros, con su irreversible impacto en la red tecnológica y en la capacidad innovadora de sus economías. Por tanto, en algún momento tendrán que entonar el "I am sorry"/"Je suis désolé"/"Es tut mir leid", y pedir que les admitan al sistema, al que se están oponiendo de manera injustificada (o, al menos, difícilmente justificable). Como siempre, avanzar de espaldas a la realidad, es una mala estrategia.