La “españolidad” de las empresas: ¿en qué consiste y qué sentido tiene?

He estado conversando sobre la cuestión de la “españolidad” de las empresas con Borja A. Araujo y, más allá de las cuestiones políticas (de dudosa legitimidad, sobre todo teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJUE en relación con la acción de oro y los ecos a la protección de “campeones nacionales”) que han venido atrayendo la atención mediática a raíz del movimiento de agrupación de Sacyr y Pemex en Repsol (véase, por ejemplo, la sorpresa de Financial Times en relación con la obsesión del Ministerio de Industria por asegurar la “Spanishness” de Repsol: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c1c79412-d31f-11e0-9ba8-00144feab49a.html#axzz1Z2OVyL8C), nos ha costado llegar a una conclusión sobre qué significa la “españolidad” (o, por lo mismo, “americanidad” o cualquier otra “nacionalidad”) de las empresas, cómo puede definirse, y qué es aquello en lo que los Gobiernos deberían fijarse cuando se producen movimientos corporativos de este tipo.
Parece que, por mucho que estemos ante antiguos monopolios estatales en sectores que pueden considerarse estratégicos, el interés público debería quedar suficientemente garantizado con el correcto funcionamiento de los mecanismos reguladores (en este caso, la supervisión del grupo energético de la Comisión Nacional de la Energía) y con el análisis (en su caso) de los planes de inversión de las empresas, especialmente en relación con su política de empleo en el país y de apuesta por proyectos a medio y largo plazo.
Desde un punto de vista económico, parece que la “españolidad” se demostraría por la contribución de una empresa al empleo y el crecimiento económico del país y, por tanto, esa debería ser la preocupación principal (y, probablemente, la única legítima). Estas últimas cuestiones, en buena medida, dependerán de la estabilidad y atractivo del marco regulatorio, de modo que el Gobierno debe trabajar en mejorar el marco legal aplicable al sector energético (y darle credibilidad internacional y estabilidad) si quiere atraer inversiones productivas y creadoras de empleo. Resultados que, por desgracia, parece que se intentan alcanzar más a menudo a través de llamadas del Ministro al Consejero Delegado de la sociedad que corresponda que en los organismos reguladores sectoriales o en los comités encargados del desarrollo de propuestas normativas de contenido técnico.
Ahora bien, si lo que preocupa es el acceso a la tecnología de Repsol por un competidor (real o potencial, como es Pemex), o cuestiones más en la sombra, como que el centro de dirección efectiva del grupo se mantenga en España a efectos de garantizar que el grueso de los impuestos derivados de su actividad siguen pagándose en nuestro país (cuestión que no es baladí pero que, en todo caso, también dependerá en buena medida de la “nacionalidad” fiscal de los accionistas de cualquier sociedad, sobre todo si es cotizada), entonces empezamos a hablar de cuestiones distintas. Ya no es cuestión de garantizar la “españolidad” de la empresa, sino de aferrarse a cotas de poder o inmiscuirse en decisiones estrictamente empresariales que van más allá de las prerrogativas del Ministerio de Industria y, en general, de cualquier Gobierno—y, aquí, los ecos de intervención “de oro” a favor del “campeó nacional” empiezan a subir preocupantemente de volumen.
En resumen, y esta es mi opinión personal, si el Gobierno quiere atraer empresas para asegurarse un determinado volumen de recaudación y de empleo, lo que debe hacer es trabajar para desarrollar un marco normativo adecuado, estable y ajustado a las realidades de los negocios internacionales, especialmente en sectores estratégicos y de inversión a largo plazo como el energético. Por supuesto, el reto es más difícil que nunca en un entorno de crisis económica (e institucional), pero las llamadas de teléfono a las empresas tampoco parecen demasiado efectivas en este entorno (y, desde luego, no son deseables en ningún caso). Aprovechando la campaña que mañana se inicia, esperemos empezar a oír mucho más acerca de política energética y de atracción de la inversión (extranjera y nacional) y menos acerca de quiénes estarán al otro lado del teléfono.