Lack of an EU administrative #appeal does not broaden #GC and #CJEU review powers in #publicprocurement
The fact that the legislature did not establish an administrative appeal procedure, in the context of the procedure for the award of public contracts by the institutions of the European Union, cannot have any effect on the scope of the review carried out by the Courts of the European Union [which must be limited to checking that the rules governing the procedure and statement of reasons are complied with, the facts are correct and there is no manifest error of assessment or misuse of powers]. The existence or absence of such an appeal procedure is irrelevant to defining the scope of the Court’s review, since that review is different – both in its nature and the safeguards it presents – from an administrative appeal procedure (T-32/08 at 30).
Stock manipulation via twitter: The new frontier of securities regulation?
(c) dissemination of information through the media, including the Internet, or by any other means, which gives, or is likely to give, false or misleading signals as to financial instruments, including the dissemination of rumours and false or misleading news, where the person who made the dissemination knew, or ought to have known, that the information was false or misleading.
La multa de la @CNCompetencia a #Correos y sus implicaciones en #contrataciónpública: ¿está todo dicho?
gracias a los privilegios de los que dispone Correos, que ha disfrutado tradicionalmente de un monopolio legal en buena parte del mercado y que tiene en la actualidad la condición de operador designado del Servicio Postal Universal (SPU), resulta evidente que Correos dispone de una posición de dominio, tanto en el mercado mayorista de acceso a la red postal de Correos, donde tiene una cuota del 100%, como en el mercado minorista de prestación de servicios postales de notificaciones administrativas.
la negativa de Correos a proporcionar servicios mayoristas de notificaciones administrativas supondría una barrera infranqueable a la entrada de otros operadores en la prestación de servicios de notificaciones administrativas a las Administraciones Públicas que exigen tal presunción en la contratación de sus servicios postales.
conviene recordar que, como ya ha señalado algún sector de la doctrina, la regulación de los contratos públicos ha dejado de poner el acento en la contemplación del interés público como elemento condicionante de la regulación de los contratos públicos para pasar a ponerlo en el cumplimiento de determinados principios entre los que destaca la garantía de la libre de concurrencia. Ello, que aparece consagrado en nuestro TRLCSP de modo expreso en los artículos 1 y 139, tiene su origen en las diferentes Directivas comunitarias, y, en lo que respecta al momento actual, en la Directiva 2004/18/CE del Consejo y el Parlamento Europeo. Pues bien, partiendo de la idea básica de que la regulación de los contratos públicos, ante todo debe garantizar la libre concurrencia de las empresas, tanto la Directiva como, en consecuencia, el TRLCSP, admiten la posibilidad de exigencia de títulos habilitantes para el ejercicio de actividades y que éstos sean requisito para poder contratar con un poder adjudicador. Pero este requisito, en la medida en que constituye una limitación al principio de libre concurrencia, así como al principio de igualdad de trato, debe ser interpretado de forma restrictiva. En consecuencia, la atribución a un único operador, en este caso Correos, de la posibilidad de realizar notificaciones administrativas debe ser interpretado de tal forma que la exigencia se ajuste al sentido literal de la norma que la establece. A tal respecto, de acuerdo con los preceptos de la Ley 43/2010 antes descritos, no puede entenderse que Correos sea el único operador postal que pueda realizar las notificaciones administrativas, sin perjuicio de las consideraciones que posteriormente realizaremos sobre la posibilidad de subcontratación del servicio, y que abundan en la necesidad de anular las cláusulas de los pliegos aquí impugnadas (FD 7º, énfasis añadido).
Es cierto que la Ley 43/2010 reconoce al operador dominante la facultad de presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales, tanto las realizadas por medios físicos, como telemáticos, y sin perjuicio de la aplicación, a los distintos supuestos de notificación, de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin embargo, las notificaciones practicadas por los demás operadores postales surtirán efecto de acuerdo con las normas de derecho común, y se practicarán de conformidad con el artículo 59 de la citada Ley procedimental administrativa.Esto significa que, como consecuencia de dicho proceso liberalizador y de la apertura general del mercado a los operadores postales, y por tanto a la competencia, los operadores postales con autorización singular para la prestación del servicio postal universal, así como el operador postal designado a tal efecto, podrán practicar notificaciones de órganos administrativos y judiciales. En este sentido, y en virtud del artículo 22 de la Ley 43/2010, los operadores postales podrán prestar libremente dicho servicio, ya sea directamente, ya sea a través del operador postal designado, ya sea a través de otros operadores.La diferencia en el actuar de los prestadores de servicios postales se encuentra en los efectos jurídicos atribuidos por la Ley a las notificaciones administrativas realizadas por los diferentes operadores postales. Por un lado, la actuación de notificación llevada a cabo por [Correos] ostentará por ley la presunción de veracidad y fehaciencia, en lo que respecta a la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de las notificaciones. Sin embargo, la actuación de notificación de órganos administrativos o judiciales llevada a cabo por el resto de operadores postales con autorización singular, tendrá efectos jurídicos de acuerdo con las normas de derecho privado, y en este sentido su realización carecerá de presunción de fehaciencia, debiéndose probar en el caso de ser cuestionado, por elementos probatorios de derecho privado.Por lo expuesto, la previsión recurrida vulnera el artículo 22 de la Ley 43/2010, al obligar a los operadores postales adjudicatarios a realizar las notificaciones administrativas a través [de Correos], dado que impiden y penalizan que dichas notificaciones las realicen los operadores postales autorizados a través de sus propios medios, utilizando los mecanismos jurídicos pertinentes en orden a poder probar la realización de los diferentes actos hasta llegar a la notificación. Igualmente quedan vulnerados los artículos 2 y 37 de dicha Ley 43/2010, al desarrollarse la prestación del servicio postal en ausencia de libre competencia, dado que se impide que operadores distintos [de Correos] lleven a cabo ese tipo de notificaciones por sí mismos, haciendo uso de los mecanismos jurídicos que permitan acreditar frente a terceros su realización (FD 8º, énfasis añadido).
#CJEU confirms that #IPlaw violations belong to the sphere of the outstanding contractual relationship (Systran, C-103/11-P)
63 [...] when hearing an action for compensation, the Community Courts must, before ruling on the substance of the dispute, as a preliminary issue determine their jurisdiction by carrying out an analysis to establish the character of the liability invoked and thus the very nature of the dispute in question.64 In doing that, those Courts cannot base their reasoning simply on the rules alleged by the parties.65 In that regard, [...] the Court of Justice has already held that the mere invocation of legal rules not flowing from a contract relevant in the case, but which are binding on the parties, cannot have the consequence of altering the contractual nature of the dispute and thus removing it from the jurisdiction of the competent court. If it were otherwise, the nature of the dispute and, consequently, the competent court, could be changed at the whim of the rules invoked by the parties, which would go against the rules on the jurisdiction of the various courts ratione materiae (Guigard v Commission, paragraph 43).66 However, the Community Courts are required to verify whether the action for compensation before them has as its subject-matter a claim for damages based objectively and overall on rights and obligations of a contractual nature or of a non-contractual nature. For those purposes, as the Advocate General has pointed out in points 49 and 50 of his Opinion, those Courts must examine, on an analysis of the various matters in the file, such as, for example, the rule of law allegedly infringed, the nature of the damage claimed, the conduct complained of and the legal relations between the parties in question, whether there exists between them a genuine contractual context, linked to the subject-matter of the dispute, the in-depth examination of which proves to be indispensable for the resolution of the said action.67 If a preliminary analysis of those matters shows that it is necessary to interpret the content of one or more contracts concluded between the parties in question in order to establish whether the applicant’s claims are well founded, those courts are required at that point to halt their examination of the dispute and declare that they have no jurisdiction to rule thereon in the absence of an arbitration clause in the said contracts. In such circumstances, examination of the action for compensation directed against the Community would imply the assessment of rights and obligations of a contractual nature which, pursuant to Article 240 EC, cannot be removed from the jurisdiction of the national courts (C-103/11-P, paras 63 to 67, emphasis added).
It is true [...] that it is not sufficient to allege simply any contractual relationship with the applicant or obligations of contractual origin not envisaging the conduct in dispute in order to be able to change the nature of the dispute by giving it a contractual basis. However, the fact remains that where, having regard to the content of the action for compensation against the Community, the interpretation of one or more contracts concluded between the parties in question appears to be indispensable in order to establish the legality or otherwise of the conduct by the institutions which is complained of, the dispute falls outside the jurisdiction of the Community Courts (C-103/11-P, para 80, emphasis added).
Should it, however, in fact come to a conflict between the values of contract law and non-contractual liability law in any particular case, whereby contract law denies liability which would subsist according to the provisions on noncontractual liability, then it is for the rules of contract law to assert priority if that is to be claimed in accord with the objective of the contract law rules. That is again the case if an application of the law on non-contractual liability in parallel with the corresponding contract law provision would deprive the latter of its effect. The contract law rule has priority so far as contract law actually claims it, whether expressly or merely by implication from the nature of things. Where contract law makes no such demand for the subsidiarity of non-contractual liability law, sub-paragraph (c) has no application and the principle of free concurrence of actions governs.
Whatever is left of the #EUCouncil? #CJEU 'Pringle' and the 'single European patent' judgments set a moving target
El informe de la @CNCompetencia sobre el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local #ALRASOAL
Soft Administrative #EULaw? Some comments on Temple Lang's views on #DGComp Manual of Procedure
The Manual does not deal with submissions made to other parts of the Commission. It says nothing about the need for impartiality, or the duty to respect the Charter of Fundamental Rights, or the need to expect judicial review of all decisions. It allows officials to hold meetings without keeping minutes. It says too little about interim measures, and does nothing to reduce the two basic flaws in the Commission's procedure: the same officials draft the statement of objections and the decision, and none of the Commissioners who formally take the decision have seen the evidence or read the arguments. There are several examples of failure to deal with difficult questions, which are precisely those on which guidance is needed.
Rejection of Abnormally Low and Non-Compliant Tenders in EU Public Procurement: A Comparative View on Selected Jurisdictions
- Sánchez Graells, Albert, Rejection of Abnormally Low and Non-Compliant Tenders in EU Public Procurement: A Comparative View on Selected Jurisdictions (April 11, 2013). European Procurement Law Series, Vol 6 (forth). http://ssrn.com/abstract=224859
Cheaters beware: GC enforces strict #suspension rules in EU #publicprocurement (T-87/11)
Without prejudice to the application of penalties laid down in the contract, candidates or tenderers and contractors who have made false declarations, have made substantial errors or committed irregularities or fraud, or have been found in serious breach of their contractual obligations may be excluded from all contracts and grants financed by the Community budget for a maximum of five years from the date on which the infringement is established as confirmed following an adversarial procedure with the contractor.That period may be extended to 10 years in the event of a repeated offence within five years of the date referred to in the first subparagraph (emphasis added).
the applicant has seriously failed to meet its contractual obligations. In addition, it should be recalled that the Court of Auditors, which is one of the institutions of the Union, is dedicated to examining the legality and regularity of revenue and expenditure of the Union and any organ or body created by the EU and to ensure their sound financial management (Article 287, second subparagraph, TFEU). Particularly in view of these missions and the severity of the deficiencies attributable to the applicant, it should be considered that the latter, by his conduct undermined the image of the Court of Auditors and the European Union (T-87/11, para 81, own translation from French).
If you fine me, I have the right to appeal ~ even if someone else foots the bill (C-652/11)
CJEU strengthens #EULaw on #food #information: more #disclosure in the #consumers' interest
35. In so far as a foodstuff is unacceptable for human consumption and accordingly unfit therefor, it does not fulfill the food safety requirements under Article 14(5) of Regulation No 178/2002, and is, in any event, such as to prejudice the interests of consumers, the protection of whom, as stated in Article 5 of that regulation, is one of the objectives of food law.36. It follows from the above that, where food, though not injurious to human health, does not comply with the aforementioned food safety requirements because it is unfit for human consumption, national authorities may, as provided under the second subparagraph of Article 17(2) of Regulation No 178/2002, inform the public thereof in accordance with the requirements of Article 7 of Regulation No 882/2004 (emphasis added).
#GAO reports that there is scope for more competition in #US Defense #procurement
Stubborn #publicprocurement #aggregation: #Madrid City Council insists in tendering macrocontracts
Last November, the City Council of Madrid tendered a single contract for waste collection. The contract was intended to aggregate and consolidate the prior 13 separate outstanding contracts, which would have given the awardee responsibility for waste collection throughout the municipality, with the only exception of the city centre (for some reason). The contract was worth €542 million and the Council expected to save €11 million in the 8 years it would last.
The tender was a massive failure. Current contractors opposed a contract consolidation strategy that would exclude most of them due to their limited size and waste processing capacity. There was a strike to protest a change of waste management strategy that trade unions anticipated would cut jobs. More generally, the financial structure of the contract was considered nonviable by experts. In fact, only the largest incumbent (FCC) submitted a bid, which was disqualified because it exceeded the maximum bidding price by 34%. The tender was declared deserted and prior contracts were extended.
The situation is very unsatisfactory, as contract extension is not without problems. Contractual conditions designed several years ago are no longer adjusted to reality. Waste collection is now bad business, as the economic crisis has generated a reduction of household waste (at least, that is environmentally encouraging) and that means reduced pay for waste collection companies, since they are paid by collected ton of waste. FCC itself has announced job cuts, which the Madrid City Council opposes on the basis that the number of employees is a contract compliance clause the contractor cannot breach, despite the contract having been extended beyond its original duration and the conditions having changed significantly (an scenario that actually may make judges side with the contractor if this issue got to court). Trade unions are again promoting a new strike to protest the situation, which will result in no waste collection in Madrid for an indefinite period starting on the 15th of April.
Cynically, we could say that Madrid city is facing a waste wave if the situation does not get sorted out soon. And the prospects are gloomy. According to today's press releases, the City Council has decided that, if you cannot solve a problem, better make it bigger.
The Council has stubbornly decided to go deeper and broader in its (failed) contractual consolidation strategy and to tender a single macrocontract to consolidate the 39 outstanding for all public service activities of cleaning and maintenance of public spaces and green areas of the capital. The new service would run for 8 years (with a possible extension for 2 more), and is valued at €2.3 billion. With this new formula, the Council expects savings of 10% of current cleaning and gardening costs (a rough equivalent of €256 million throughout the life of the contract without the extension). Does this sound familiar?
Interestingly enough, the largest players in the cleaning, gardening and maintenance business are the same as in the waste collection side. It do not think it will be anyone's surprise if we hear again that only one or a very limited few of them participate in this second macrocontract, or that they submit financial offers in excess of the (dreamy?) expectations of the Madrid City Council.
Now, the open question is why a city council of one of the largest capitals in the EU insists in a failed strategy for the tendering of local services of such relevance? Are there no better ideas available in their in-house group of experts? Are they so stubborn that they are trying to prove they were right in the prior instance by failing again?
Also, I think that the Madrid experience offers some lessons for other city councils facing similar challenges (ie, the need to find new management strategies for public services that allow them to reduce costs) and that are thinking about contract aggregation and consolidation. I think that the easier one is that you cannot aim to consolidate beyond the size your market structure can reasonably digest. The second one is that you cannot intend to award non-profitable contracts. And, the hardest one, that some creative thinking is needed. Would anyone publish a call for ideas? I would definitely be tempted to contribute.