Según aparece hoy en prensa (véase noticia en La Vanguardia aquí), el Ayuntamiento de Madrid publicará el lunes la licitación de un único «supercontrato» de recogida de basuras para la totalidad de los servicios que hasta ahora se prestaban mediante 13 contratos separados, y que agrupa toda la recogida de residuos urbanos de la capital (salvo la zona centro). El Ayuntamiento de Madrid parece haber optado por esta solución contractual para tratar de ahorrar 11 millones de euros anuales durante los próximos ocho años. Sin embargo, esta decisión--que puede parecer deseable por la posibilidad de reducir la tasa de basuras un 8% a resultas de los ahorros esperados--puede acabar siendo un disparo al pie.
Por una parte, los requisitos de participación derivados de esta estructura contractual limitan la competencia por el contrato a un número muy pequeño de empresas (salvo que otras de menor tamaño puedan agruparse y participar como UTEs), al exigir que las empresas interesadas acrediten su solvencia justificando un volumen anual de negocio de 125,7 millones de euros y haber prestado un servicio similar en poblaciones de más de 250.000 habitantes en los años 2010, 2011 y 2012 (según indica ABC aquí). En sí misma, esta restricción pone en duda que la estrategia del Ayuntamiento le permita obtener los mayores ahorros y eficiencias posibles, al limitar el número de empresas potencialmente interesadas en licitar por debajo de los presupuestos máximos aprobados por el Ayuntamiento.
Por otra parte, la firma de un único «supercontrato» pone al Ayuntamiento en una situación de clara dependencia frente al contratista único en caso de renegociación del contrato, huelga o cualquier otro tipo de eventualidad... que pasarían a afectar automática la recogida de la totalidad de los residuos urbanos de Madrid (salvo la zona centro, en el mejor de los escenarios), con el consiguiente colapso y descontento ciudadano.
Adicionalmente, cuando se vuelva a sacar a licitación el contrato (uno o varios, da igual) dentro de ocho años, parece difícil que siga existiendo competencia efectiva que ejerza presión sobre la empresa incumbente a resultas del «supercontrato», que probablemente verá una gran oportunidad de obtener mayores beneficios en esta nueva edición del «supercontrato basura». Sólo estos inconvenientes (aunque se puede pensar en otros) deberían llevar al Ayuntamiento a reconsiderar la estrategia.
Sería deseable que el concurso permitiera (si es que, como parece desprenderse de la información en prensa, no lo hace) la presentación de ofertas por lotes (agrupando distintas zonas de la capital, por ejemplo) además de la presentación de una única oferta por la totalidad del «supercontrato»; de modo que sea el mercado el que le indique al Ayuntamiento si los mejores ahorros se pueden conseguir únicamente por esta vía (con sus riesgos y costes de otro tipo) o, en cambio, es más eficiente mantener un determinado número de contratos de menor tamaño (por zonas geográficas) que permitan a empresas de tamaño mediano seguir prestando servicios al Ayuntamiento o empezar a hacerlo.
En muchos casos, la suma de los precios por los lotes separados es menor que la oferta total y global presentada por una de las pocas empresas de suficiente tamaño para acometer un «supercontrato», y compensa al ente adjudicador mantener un mayor número de contratos con un mayor número de proveedores. Ello evitaría, ademas, distorsiones a la competencia en este sector (ya de por sí bastante concentrado), eliminaría restricciones a la participación de un mayor número de empresas, mantendría la posición negociadora del Ayuntamiento y reduciría el riesgo de situaciones de bloqueo de Madrid por problemas en la recogida de residuos urbanos.
En mi opinión parece una solución superior, al menos en términos generales. ¿Estamos a tiempo de no perder esta oportunidad de “comprar inteligentemente”?
