Es francamente desalentador leer las últimas noticias acerca de los recortes que afectan a la financiación del sector educativo, especialmente en lo relacionado con la universidad (que apenas alcanza a concentrar el 1% del PIB; véase, por ejemplo, http://politica.elpais.com/politica/2011/09/18/actualidad/1316371324_591613.html), porque ponen de manifiesto el escaso compromiso de nuestros dirigentes con un verdadero cambio del modelo productivo y con una apuesta cierta y atrevida por la sociedad del conocimiento y por la potenciación de sectores vinculados a la investigación e innovación. Además, el problema real de la fuga de cerebros (en una sociedad global, parece que las puertas de salida están más abiertas que nunca) y de la creciente irreversibilidad de una (todavía mayor) pérdida de calidad en la educación universitaria española no generan el alarmismo que deberían--y, sin embargo, son cuestiones que pueden determinar el potencial real de crecimiento y desarrollo de España (no sólo de nuestra economía) en los próximos 25 años.
Quizá esta crisis de financiación (que viene a agravar una crisis institucional y de modelo muy anterior y de raíces muy profundas) sirva como revulsivo para un verdadero rediseño de la universidad española. Cada vez más, parece inevitable entender esta crisis como una oportunidad de reforma, tanto en el fondo como en la infraestructura de nuestra educación superior. Hay que tomarse en serio las propuestas de clusterización o especialización de los centros que han venido susurrándose desde el Ministerio, minimizando la estructura a lo necesario para impartir una enseñanza de calidad (fusionando Facultades o, incluso, Universidades, por difícil que sea su deslocalización o reubicación) y, por otra parte, hay que llenar esas (menos) aulas con estudiantes que quieran aprovechar los recursos que se ponen a su disposición.
Por tanto, es necesario redimensionar un sector claramente ocioso en algunas zonas y sobreestresado en otras (pero no aplicando criterios de tabula rasa o de medición dudosa de la productividad docente e investigadora), dignificar la profesión de investigador y profesor universitario y dotarla de un marco jurídico claro y estable y de unas posibilidades de carrera reales, implementar una política efectiva de becas al estudio y a la movilidad, y desarrollar un sistema de acceso y permanencia que se ajuste a la realidad (políticamente incorrecta) de que no todos estamos capacitados para completar unos estudios universitarios en cualquier campo de nuestra elección.
Mientras no nos planteemos reformas radicales al respecto, la inercia de la universidad que tenemos, unida a los cada vez mayores recortes de financiación, nos abocarán a una decadencia que empobrece nuestra sociedad civil a una velocidad y en unos niveles que no creo que alcancemos a ver objetivamente.