Estos días se pueden leer múltiples informaciones sobre la planeada oferta pública de venta (OPV) de acciones de Loterías y Apuestas del Estado (por ejemplo, véase la noticia en Cinco Días: http://www.cincodias.com/articulo/empresas/loterias-apuestas-estado-retrasara-salida-bolsa-primeros-noviembre/20110602cdscdiemp_11/). Parece que, si todo sale conforme al último plan, a finales de año se habrá privatizado el 30% de su capital y que representará una de las 10 primeras sociedades por cotización bursátil (pese a cotizar sólo parcialmente).
Aparte de las múltiples discrepancias en torno a la valoración del paquete accionarial que se privatiza y cotizará en bolsa (que van desde 21.000 a 30.000 millones de Euros) y de la cantidad de información que, sorprendentemente, se está haciendo pública en este momento (indicando, como siempre, que el sector público tiende a ser transparente sólo cuando hay un incentivo claro y a corto plazo), resulta preocupante la imagen que se está generando en torno a la estabilidad del negocio y a la periodicidad y cuantía de los dividendos a repartir en el futuro.Leyendo las notas de prensa y los comunicados oficiales, se transmite la idea de que el negocio es muy estable y de que se repartirán unos 2.500 millones de Euros anuales en dividendos (según información publicada por ElEconomista: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3122248/06/11/Bankia-y-Banca-Civica-adelantan-su-salida-al-parque-por-la-OPV-de-Loterias-del-Estado.html). Al corresponder el 30% a los accionistas privados (750 millones de Euros), y asumiendo una cotización en la banda alta de las valoraciones (30.000 millones de Euros), la rentabilidad esperada resulta bastante atractiva (2,5% respecto al valor de cotización).
No obstante, esta información podría estar generando falsas expectativas en los inversores por varias razones:
- no se invierte en valores de deuda ni de renta fija (y, menos, con garantía del Estado, pese a que se participe en una sociedad estatal) y, por tanto, cualquier cambio en la cifra de negocios y/o de política de reparto de dividendos puede alterar significativamente las expectativas;
- la futura política de privatización del resto del capital de Loterías y Apuestas del Estado (que podría, fácilmente, privatizar otro 19% de su capital) puede determinar cambios significativos en el funcionamiento de la empresa e, incluso, alterar de manera significativa la cotización (especialmente porque, al estar vinculado a un proceso de privatización, difícilmente se garantizará derecho de adquisición preferente a los inversores que acudan a esta primera OPV);
- el sector del juego está experimentando transformaciones importantes y, en consecuencia, no deberían tomarse como inamovibles las proyecciones en cuanto a cifras de ingreso; y
- adicionalmente, cualquier cambio en la tributación del juego (hace unos meses corrían rumores acerca de la pérdida de exenciones de los premios tras la privatización) podría tener un impacto muy significativo en el volumen total de apuestas y, en definitiva, en la cifra de negocios e ingresos de Loterías y Apuestas del Estado.
En definitiva, parece haber varias razones para desconfiar de la "campaña de colocación" que se está preparando y para solicitar a la CNMV que vigile de cerca los tipos de comunicaciones que se realizan y la información que se difunde. Lo peor que podría ocurrir es que en unos meses volvamos a tener un escenario en que hayan funcionado de manera insuficiente los mecanismos de tutela de los inversores minoritarios.